Por Genaro Moreta Jr.
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Barahona, República Dominicana.- Una comisión de la Dirección Central de Asuntos Internos del Palacio de la policía nacional, se encuentra desde la mañana de este jueves en la sede de esta dotación policíal realizando una amplia investigación con relación a un tumbe de drogas, y el secuestro de un cabo de la institución en este municipio Santa Cruz, Barahona.
Todo salió a la luz pública con el secuestro del cabo policíal Estaban Armando Feliz Batista, de 30 años de edad, la mañana de ayer miércoles en la zona costera de esta Provincia sureña.
Feliz Batista, fue interceptado en momento que se desplazaba abordo de una motocicleta marca CG de color azul de más datos desconocidos, rumbo a la dotación policíal de la Provincia de Pedernales, donde estaba asignado para servicio.
Cabe destacar que los supuestos secuestradores estaban solicitando por la libertad de Feliz Batista, la suma de 5,000,000 millones de pesos.
Según informaciónes no extraoficialmente los presuntos secuestradadores serían dos miembros de su misma institución información que el Departamento de Relaciones Públicas de esta dotación policíal no a divulgado a los medios de comunicaciónes.
Mientras 15 agentes entre alistados y oficiales subaternos de esta Dirección Regional Sur de la P.N. se encuentran bajo arresto por el organismo investigativo de la institución del orden público.
Los agentes detenidos por la Dirección Central de Asuntos Internos, están siendo investigado por el órgano investigativo con relación al incautamiento de unos supuestos kilos de cocaína en momento que desampresivos realizaban una transacción de la sustancia en la Playa el Cayo, del Distrito Municipal de Villa Central, Barahona.
Según la información de dicha fuente entre los agentes detenidos figura un oficial subaterno de la P.N., siendo el grado más alto dentro de lo detenido.
Los miembros se encuentran en calidad de detenidos en una Celda Preventiva de esta Carcel Pública, de esta Provincia de Barahona, los cuales en las próximas horas serian presentado al ministerio público para que se le conozca medidas de coerción.
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