Por Genaro Moreta Jr
Santo Domingo, RD. 20 de julio de 2025.–Aunque la Ley 113-21 garantiza que toda persona privada de libertad debe ser tratada con dignidad y respeto a sus derechos fundamentales, la realidad en las cárceles dominicanas sigue siendo alarmante: hacinamiento extremo, corrupción institucionalizada, torturas, muertes sospechosas y condiciones infrahumanas son parte del día a día en estos recintos.
Organismos como el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU) han denunciado reiteradamente hechos graves, como los registrados en la cárcel preventiva de Baní, donde al menos 11 internos habrían sido golpeados, torturados y confinados en “La Plancha” en supuestas represalias. En otras denuncias se habla incluso de envenenamientos deliberados y de sobornos millonarios a cambio de la liberación de presos condenados.
Los testimonios son múltiples y estremecedores: muertes sin autopsias, celdas infestadas de heces y orina, reclusos durmiendo en el suelo, sin atención médica básica y totalmente expuestos ante un sistema penitenciario que, según expertos, ya ha colapsado.
Cárceles repletas de inocentes pobres
La Oficina Nacional de Defensa Pública ha advertido que más de 2,200 personas están encarceladas simplemente por no poder pagar fianzas impuestas por los jueces. Además, el 59% de los reclusos permanece en prisión preventiva, lo que incrementa aún más el hacinamiento. El sistema alberga más de 10 mil presos por encima de su capacidad máxima.
La cárcel de La Victoria, donde 13 internos murieron calcinados en marzo de 2024, se ha convertido en símbolo de este deterioro. En operativos recientes, las autoridades incautaron routers de internet, neveras, estufas, teléfonos, armas blancas, drogas e incluso uniformes militares, dejando en evidencia que muchos recintos funcionan como centros del crimen organizado y auténticos "call centers del delito".
Simultáneamente, especialistas denuncian que la atención médica es prácticamente inexistente, no hay infraestructura para atender a enfermos mentales ni pacientes crónicos, y que la impunidad –como advirtió la fiscal Mirna Ortiz– es el mayor cáncer del sistema penitenciario.
Una frase recogida en una reciente investigación resume esta tragedia:
“Muchos de estos derechos no pasan de ser tinta y letras sobre papel.”
¿Hasta cuándo?
¿Cuánto más podrá resistir un sistema penitenciario que viola la ley que lo rige? ¿Quién responde por cada muerte, por cada abuso, por cada vida que se apaga sin justicia?
La sociedad dominicana debe decidir si seguirá normalizando el castigo por encima del derecho o si, por fin, dará el paso hacia una reforma penitenciaria profunda y urgente.
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