Por redacción
Santo Domingo, RD. 7 abril 2025.-El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, entregó este lunes un proyecto de ley al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con el propósito de modificar la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta acción responde a las recientes medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para abordar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional en el contexto de la crisis en Haití.
Peralta Romero destacó que esta entrega corresponde a la cuarta medida presentada por el presidente Abinader. El objetivo principal de este proyecto es modificar los artículos 2, 5, 6 y 7 del marco legal vigente para definir con mayor claridad los elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas sanciones y añadir circunstancias agravantes tanto para los autores principales como para los cómplices.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:
Artículo 2: Ampliación de la definición y adición de elementos constitutivos del tráfico ilícito de migrantes, facilitando así que el Ministerio Público persiga eficazmente este delito.
Artículo 5: Introducción de la tipificación de delitos por omisión, sancionando a quienes, por deber legal o vínculo con la víctima, no actúan para prevenir un daño.
Artículo 6: Redefinición del papel del cómplice en el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Artículo 7: Incorporación de nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al tráfico ilícito de migrantes como a la trata de personas. Estas agravantes consideran la relación entre el autor y la víctima, así como el grado de vulnerabilidad de esta última.
Si el Congreso aprueba esta iniciativa, se endurecerán significativamente las sanciones para los infractores. La pena por tráfico ilícito de migrantes se incrementará de 10 a 15 años de reclusión y multas que oscilan entre 150 y 250 salarios mínimos a un rango que va desde 12 a 20 años con multas entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público. Además, se contempla la inhabilitación en derechos ciudadanos.
Las sanciones para los cómplices también se verán incrementadas e incluirán agravantes adicionales como el uso de armas o daños a personas adultas mayores. Estas circunstancias podrían resultar en penas que alcancen hasta 40 años de prisión y multas que lleguen hasta 6,000 salarios mínimos.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, subrayó que este problema nacional es motivo de preocupación para todos los ciudadanos. Afirmó que el presidente Abinader ha enfatizado la urgencia en la aprobación del proyecto: “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto dado su gran impacto en la República Dominicana”, concluyó.
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